Luis Marín / RESISTENCIA A LA OPRESIÓN



27/4/14

Una de las características más exasperantes de la actual tiranía militar comunista es que la junta militar no se muestra abiertamente, como era tradicional, sino que ejerce el poder embozadamente, ocultándose detrás de unos supuestos poderes públicos que no son otra cosa que altoparlantes o cajas de resonancia de sus decisiones arbitrarias.

Detrás de esta práctica política hay toda una filosofía del poder que lo representa como una máscara, un artificio de teatro, hecho para divertir a las masas o más precisamente para engañar al público.

Todas las instituciones de la democracia occidental, pero también la iglesia, han sido interpretadas por los comunistas como una farsa de los ricos para engañar a los pobres (esa era, por cierto, la consigna del partido de Tibisay Lucena en la Universidad); en consecuencia, la democracia popular debe hacer exactamente lo que ellos ya han decretado: constituir una farsa deliberada pero esta vez no para engañar sino para aplastar al enemigo de clase, a la burguesía. Y nada ni nadie los sacará de ese libreto.

De manera que no puede esperarse nada de estas supuestas instituciones completamente vaciadas de contenido, porque no están hechas para la defensa de los ciudadanos o para garantizar sus derechos fundamentales; sino que son herramientas para una supuesta, ilusoria, fantástica y delirante lucha de clases.

Esto no sólo hace más comprensible el rol de los elementos colaboracionistas que se comportan “como si estuvieran en la república de Platón y no en la sentina de Rómulo”; sino el de auténticos y sinceros opositores que repiten constantemente que, por ejemplo,  la SC del TSJ decidió defenestrar a MC, prohibir las manifestaciones públicas, destituir y poner presos a los alcaldes o el CNE decidió convocar elecciones en esos municipios; siendo la realidad que esos sujetos no deciden absolutamente nada, sino que cumplen a discreción las órdenes de la junta militar comunista para darles una fachada “legal”.

Aquí hay toda una concepción política: ellos creen firmemente que todos los sistemas son así, que ellos descubrieron cuáles son los intríngulis del poder y lo ejercen con desfachatez y plena conciencia de lo que están haciendo; al contrario de lo que ocurre en las democracias “burguesas”, en que se hace lo mismo pero inconscientemente, cubiertos por el manto de una ideología encubridora.

Desafortunadamente para la junta militar comunista, por mucho que se esconda, sus acciones quedan a la vista del público y pueden ser analizadas críticamente describiendo lo que sale a la superficie de toda esta enrevesada tramoya. Por ejemplo, las argumentaciones del abogado Fidel Castro pueden sostenerse sólo porque prohíbe terminantemente que se las contradiga, so pena de muerte; pero en el mundo real no resisten el menor análisis y Castro queda como lo que es, un tramoyero.

La reciente sentencia, si puede llamarse así, de la SC del TSJ, que prohíbe las manifestaciones públicas y pone una amenazadora espada de Damocles sobre la cabeza de los alcaldes que creen que la sumisión es una política viable, puede ser ilustrativa.

Veamos, las constituciones no crean derechos humanos fundamentales sino que sólo establecen garantías para esos derechos, que son anteriores y supraconstitucionales, admitiendo que las personas nacen con ellos y los tienen por simple condición humana.

Desde la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se reconoció que los hombres nacen libres e iguales, con derechos naturales e imprescriptibles que son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Si los tomamos en serio resulta que resistir a la opresión es un derecho humano fundamental, violarlo o restringirlo es violar derechos humanos. Al contrario, el derecho a reprimir manifestaciones públicas no existe en ninguna constitución, más bien se prohíbe expresamente, incluso el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, algo que se ha vuelto habitual en este país.

Decir que las manifestaciones deben someterse a la ley es una perogrullada o una tergiversación, porque la ley es para aplicar los derechos contenidos en la constitución y no puede servir para impedir su ejercicio.

Asimismo el concurso de derechos según el cual no es posible manifestar porque se obstruye el libre tránsito y otros derechos es un argumento falaz, no sólo porque tampoco sería posible transitar si se impide el derecho a manifestar, sino porque sería imposible el mismo libre tránsito, porque no podemos transitar todos a la vez, al mismo tiempo y por el mismo lugar. Para eso es que sirve el recurso a la ley, para que los derechos de unos coexistan con los derechos de otros, logrando lo que se llama convivencia pacífica.

Así como está prohibido interpretar un contrato de tal manera que se haga imposible su realización; la Constitución no puede interpretarse en un sentido de haga nugatorios los derechos que por principio debe garantizar, porque para eso es que existe.

 Las constituciones sólo hacen dos cosas: garantizar los derechos y dividir los poderes; si no hacen esto, entonces, no hay constitución.

HACIA LA LIBERTAD

A muy destacados historiadores venezolanos, casi todos de inspiración socialdemócrata, les gusta describir la evolución de la sociedad venezolana como un largo camino “hacia la democracia”; como si esta parte de la humanidad luchara fatigosamente por salir del pantano del caudillismo militar para elevarse a las cumbres de la civilización.

El problema, no pequeño, es que las revoluciones socialistas del siglo XX se empeñaron en hacer compatible la democracia con la dictadura y ciertamente lo lograron, tanto en la teoría como en la práctica, en lo que llaman “dictadura democrática del proletariado” como forma de organización política de la sociedad y “centralismo democrático” como forma de organización del partido socialista, lo que se traduce en el sometimiento irrestricto de la minoría a los dictámenes de la mayoría.

Nótese que todos los países sometidos a la órbita soviética, de Europa del Este pero también Vietnam, Camboya e incluso China, se hacían llamar “democracias populares”, en militante contraposición a las “democracias burguesas” de occidente.

Es un hecho muy curioso que en Venezuela tanto el gobierno como la oposición oficial se autodenominan “demócratas” y no hay absolutamente nadie que cuestione la democracia ni siquiera como la menos mala de todas las formas de gobierno.

La razón es muy sencilla: desvinculada del elemento “libertad”, que siempre debería acompañarla para evitar la tiranía de la mayoría y garantizar los derechos individuales, la democracia es una chaqueta que le ajusta perfectamente a todo el mundo, incluso a los militares golpistas, que se arrogan la representación del pueblo, más que eso, ellos son el pueblo, con lo cual ya no tienen que contarse ni celebrar auténticas elecciones, como en Cuba.

De manera que el giro más importante que la juventud de este siglo XXI le ha dado a su lucha es que se trata de una lucha por la libertad. La democracia no basta e incluso es una gran amenaza si no se atempera con la libertad que es el primero y más fundamental de todos los derechos humanos.

La libertad se ha entendido en dos sentidos: uno, como la posibilidad de hacer lo que se quiera sin más impedimento que la libertad de los demás; otro, como autonomía, esto es, cumplir sólo la ley que nos damos a nosotros mismos, de manera que obedeciendo permanezcamos tan libres como antes.

Pero oculto bajo este malabarismo rousseauniano, ideado para fundamentar el estado constitucional y el régimen representativo como el único que hace compatible la libertad con la obediencia a la ley, se escurre el segundo gran enemigo de la libertad.

El positivismo extremo considera que la ley es lo que diga el legislador, quienquiera que sea y diga lo que diga. No hay que ser constitucionalista para advertir el peligro que entraña esta facultad de dictar la ley y  el desafío que lanza contra los ciudadanos que se consideren libres y estén dispuestos a defender su libertad.

Igualmente, el positivismo considera que la palabra del juez al resolver la aplicación de la ley al caso concreto es la que crea el derecho entre las partes, sin que haya más nada en la realidad de donde agarrarse.

Y estos son los dos caballos de batalla del totalitarismo socialista, que lo hacen digerible para ciertos ideólogos interesados: la democracia, como dictadura de la mayoría y el positivismo jurídico como dictadura de la ley (y la sentencia como ley).

Se ha dicho muchas veces pero es indispensable repetirlo: una vez que el totalitarismo socialista impone su pseudolegalidad revolucionaria, la única manera de salir de la trampa jaula es rompiendo con esa seudolegalidad, rebelándose, resistiendo.

Aclaramos para tranquilidad del buen padre de familia: la pseudolegalidad socialista es profundamente irracional, ilegal e inconstitucional, es lo que vemos a diario y todos no podemos estar locos; romper con ella significa establecer una legalidad normal, racional, de sentido común, garante y no enemiga de los derechos individuales.

La rebelión es la bendición de la juventud, su sello vital, por eso todavía hay esperanza. A los viejos políticos habría que decirles: “Si van a ayudar, no estorben”.

LEVANTAR LA MORAL

Dicen que las guerras se ganan por la moral de las tropas e igual se pierden. Los grandes logros del movimiento estudiantil eran inconcebibles hace apenas dos meses, no sólo por el cambio de percepción de la llamada “comunidad internacional” que tiene otros asuntos prioritarios de qué ocuparse; sino principalmente de la “comunidad nacional” que se ha visto obligada a rediseñar su agenda por el cambio generado por la irrupción estudiantil.

Cierto que todo movimiento ascendente al llegar a su punto más alto se estaciona, luego tiende a descender, para volver a remontar, si las condiciones son propicias y no cunde el desaliento. Este sería el mayor peligro para el movimiento estudiantil y el cálculo que hacen sus enemigos para dividirlo, con el señuelo de que hay que retirarse cuando estas ganando porque sino puedes perder todo en una apuesta arriesgada.

Cuentan que un cínico secretario de estado americano decía que no hay general latinoamericano que resista un cañonazo de un millón de dólares. ¿Podrán los líderes estudiantiles resistir la tentación de Mefistófeles del régimen y la MUD? Está por verse.

El llamado “diálogo” es una táctica diversionista para encubrir la represión, lo mismo que la política de “paz”, lo más soviético que han hecho los cubanos en Venezuela. Bajo esa consigna se peleó la guerra fría y se construyó el arsenal atómico de la URSS, suficiente para borrar a toda la humanidad del planeta. Es el ejemplo más socorrido de la neolengua totalitaria denunciada por Orwell: “La guerra es la paz”; “la mentira es la verdad”.

Aceptar una oferta de diálogo de paz es admitir que se está en guerra, como pedir una ley de amnistía es aceptar que se han cometido delitos.

Por su parte, el régimen de ocupación y el colaboracionismo pagan un alto costo por el desafío de la protesta y subsiguiente represión, no pueden ofrecer nada a cambio de la sumisión y los problemas que originan y alientan la protesta son cada día más graves.

De manera que se justifica el nerviosismo inocultable ante sus respectivas clientelas, a las que tratan de apaciguar pero que están dando muestras de impaciencia. ¿Qué pasará si esto se sale de control, como la criminalidad, los precios, la escasez, el tipo de cambio y un largo etcétera?

La situación política venezolana no es mejor pero es más clara: los manejos del régimen y de la MUD están al descubierto para quien quiera verlos y ante la fatalidad de caer en un limbo a la cubana se abre una dimensión de incertidumbre esperanzada.

Puede ocurrir algo, piensa todo el mundo; tiene que ocurrir algo, decimos todos. Y mientras más tarde, peor y más caro.



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