Rolando Guevara / MI POLICIA JUDICIAL



03/03/12 

En los últimos tiempos se han desatado una serie de eventos donde el CICPC se ha visto inmerso en comentarios, tanto del gobierno como de oposición, buscando desprestigiar la institución y la labor que sus funcionarios vienen realizando.  

Actualmente me encuentro detenido por un delito que no cometí y donde funcionarios del CICPC se prestaron conjuntamente con Fiscales del Ministerio Público y jueces a fabricar supuestos testigos e intentar hacer creer (solamente entre ellos) mi participación en un hecho que criminalísticamente no pudieron demostrar. 

Fui funcionario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial por 20 años, siendo jubilado a la fuerza por una directiva de paracaidistas que no quería piedras en su camino y optaron por salir de una generación de funcionarios capaces y preparados que por ley nos correspondía gerenciar la organización. 

Esa decisión de jubilar de Oficio a más de 60 Comisarios en plenitud de facultades y de probada trayectoria profesional creó un vacío generacional que hasta el presente no ha podido superar la institución. 

Desde antes que ocurriera la muerte de tres detenidos en la sede de la División de Capturas del CICPC en el Rosal ya la Fiscal General venia orquestando una campaña, desprestigiando y poniendo en duda la idoneidad y ética del CICPC para investigar casos donde sus funcionarios estuviesen involucrados, esto con el fin de que la Policía Judicial sea absorbida por la Fiscalía.  

Pero bastó que ocurriera el hecho en Capturas para que todos salieran a atacar al CICPC y detener a un grupo de funcionarios que se encontraban de guardia el día de los hechos, eximiendo a priori a los directivos, jueces y fiscales responsables de la privación de libertad  de esos detenidos y de las condiciones en que se encontraban. 

La Policía Judicial desde el año 1958 viene investigando y resolviendo casos donde, indistintamente el móvil y quien lo haya cometido, siempre ha dado a conocer a la luz pública la identidad de los autores poniéndolos a disposición del sistema de justicia, caso mas emblemático cuando fue detenido su Director en funciones Dr. Manuel Molina Gasperi. (Seguimos en espera que, aunque sea, imputen a Julián Isaías Rodríguez). 

En los recientes casos ocurridos en Zulia, primero donde muere la hija de un Cónsul y a los días mueren dos funcionarios de la Policía del estado, ambos casos a manos de funcionarios del CICPC,  pareciera que el objetivo es que se sancione a la Institución y no a los culpables. 

Inmediatamente comienzan las medidas epilépticas y espasmódicas como son la de detener a todos los funcionarios (actuantes y no actuantes, presentes y ausentes), cambiar funcionarios, jubilaciones anticipadas, destituciones de jefes regionales e incluso el llegar a desarmar a los funcionarios de menor jerarquía a riesgo de sus vidas con el fin de cuidar un puesto y complacer a un hombre y no que se haga justicia caiga quien caiga. 

Si se hace un análisis de estos casos el común denominador viene siendo un Ministro que no ha querido conocer la verdadera realidad del CICPC ni cuales son sus funciones, que nombra Directores por afinidad y no por capacidad intelectual, profesionalismo y sentido de pertenencia institucional.  Podríamos preguntarle quien fue el ideólogo de los famosos MADRUGONAZOS donde se allanaba sin orden judicial y aparecía en noticieros un Flores Trosel manipulando evidencias,  violentando la cadena de custodia sin dejar constancia en actas de lo hecho por su persona y nadie le llamaba la atención, o allanando una residencia donde "ocultaban" unos vehículos nuevos queriendo ser parte a la fuerza de la diligencia policial sin aparecer mencionado en la orden firmada por un juez y no le llamaban la atención, o un Carlos Meza jefe de la Policía Metropolitana "sembrando" cócteles Molotov en un camión para privar ilegítimamente a su conductor y atemorizar a unos jóvenes que luchaban pacíficamente en busca de democracia y libertad y no le llamaron la atención, o si en algún momento se han puesto a analizar el nivel de formación de los últimos casi mil agentes que graduaron de emergencia de golpe y porrazo.  

La opinión pública tiene razón al atacar el uso de alcabalas indistintamente quien la realice y estoy seguro que esa idea (en el caso del Zulia) no se le ocurrió a esos funcionarios, ya que la Policía Judicial se caracteriza por trabajar de forma SELECTIVA y no haciendo redadas que lo único que deja son molestias a la sociedad productiva.  

Con la Seguridad no se improvisa y por la manera como lo vienen haciendo pareciera que juegan a la eliminación, por temor, de las instituciones que hicieron frente a los golpistas del año 1992, como lo fue la recientemente extinta Policía Metropolitana y lo que quieren hacer ahora con la Policía Judicial (CTPJ-CICPC) y el SEBIN (DISIP) en lista de espera.  

Es momento de que alguien abogue a favor de MI POLICIA JUDICIAL aunque en lo personal haya sido víctima de alguno de sus funcionarios pero todos (funcionarios activos, jubilados, ex funcionarios y sociedad en general) debemos salir en su defensa ya que la Institución no es culpable de lo que ocurre sino los hombres que la dirigen.  

El problema no es que pase sino que dejemos que siga pasando.   


Comisario(J)
Prisionero  Político
hasta el 2038  


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