08/06/2011
PDVSA, fundada a raíz de la nacionalización de la industria petrolera en 1976, recibió el influjo favorable de un valioso contingente de profesionales formados por las empresas petroleras multinacionales, como también de los provenientes de la estatal Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), de egresados de la mejores Universidades nacionales y del mundo, y de las empresas de servicios petroleros que se constituyeron en el país desde comienzos del siglo XX.
Así, tras la nacionalización, las fusiones que se fueron sucediendo entre las empresas filiales de PDVSA que sustituyeron a las extranjeras, tuvieron como pivote a los más calificados recursos humanos del país, y a una organización meritocrática que no confundía el papel de un operador eficiente y el del Estado como accionista de PDVSA y responsable de la formulación de políticas. La empresa estatal venezolana llegó a convertirse en la segunda empresa energética del mundo, con un manejo de excelencia, que nada tenía que envidiar a la Shell, a Exxon-Mobil o a las mejores, y que proveía a la nación de los recursos fundamentales para su desarrollo económico y social. El plan de internacionalización iniciado en los años 90 tuvo como expresión inversiones estratégicas en Estados Unidos y Europa, la principal de las cuales fue la adquisición de Citgo, e internamente la continua capacitación de su personal en todos los niveles, entre otros mediante la creación del CIED, Universidad filial de PDVSA o el INTEVEP, centro de investigación y desarrollo tecnológico para la industria petrolera. La capacidad de producción de PDVSA era antes de 1999 de 3,5 millones de barriles diarios, y el plan de inversiones iniciado en los noventa tenía como objetivo superar los 5 millones de b/d en 2010, todo lo cual fue revertido bajo la batuta del actual gobierno.
Valga recordar que el principal desencadenante de la crisis ocurrida en abril de 2002 lo constituyó la decisión del Presidente de la República de designar una Junta Directiva de PDVSA fiel al gobierno, con el fin de alinearla plenamente a sus intereses, además de la arbitraria aprobación de los primeros 48 Decretos-Leyes en noviembre de 2001 y el descontento laboral creado por el desconocimiento de los derechos sindicales, la contratación colectiva en el sector público, y la disolución de los mecanismos tripartitos de concertación tanto del salario mínimo, como de los entendimientos logrados entre 1996 y 1997 para la reforma del sistema de prestaciones y seguridad social en el país.
A partir de allí, la toma política de PDVSA, y el despido de alrededor de 20.000 calificados funcionarios de la empresa ocurridos entre 2002 y 2003, marcaron un punto de inflexión en la historia de la compañía, con un costo inconmensurable para el país. De un lado, se fusionó el papel del accionista con el del operador, y el hoy todopoderoso Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, brazo derecho del caudillo Presidente, ejerce también las funciones de Presidente de PDVSA, y actúa más como dirigente del PSUV que como conductor de la política petrolera del país.
Adicionalmente, PDVSA dejó de entregar al Banco Central de Venezuela como era obligación la totalidad de las divisas provenientes de sus exportaciones, y ahora parte de los recursos se destinan a financiar directamente programas fuera de su competencia, o a alimentar verdaderas “cajas negras” como lo es el Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional), de manejo discrecional y sin control por parte del Presidente de la República. PDVSA ha descuidado su razón fundamental: la de producir hidrocarburos con eficiencia, y ha dejado de invertir en el corazón de su negocio, burocratizándose con un ejército de “compañeritos”, y desviando un porcentaje apreciable de su producción a suministros políticos a otras naciones, en las cuales el gobierno fortalece su influencia.
En efecto, el número de funcionarios se ha triplicado respecto a las cifras anteriores al año 2002, aumentando sus costos operacionales, con una producción mermada por ineficiencia e falta de inversión, mientras se multiplican las fallas o accidentes operativos, y la empresa degenera hacia un centro de activismo político y de financiamiento de actividades como la distribución de alimentos o programas sociales de responsabilidad del gobierno central. PDVSA es además propietaria de una costosa flota de aviones al servicio del gobierno y de amigos como Evo Morales o Manuel Zelaya, a quienes además financia, al igual que lo hace presuntamente con personajes como Piedad Córdoba. Si el presidente venezolano tuviese visión, más allá de la ambición de manejar a su antojo los recursos de PDVSA, debería esmerarse en de que la “gallina de los huevos de oro” funcionara eficientemente en su “core business”: producir y vender hidrocarburos, y con los recursos que ésta genere, financiar sus costosos programas de proselitismo político e internacional.
Se llega así al día de hoy con una PDVSA inauditable, endeudada, que “quema” cerca de 700.000 b/d en el voraz mercado doméstico, con pérdidas operativas para la empresa, dada la absurda política de precios internos de los combustibles, intocados durante 12 años, además de la entrega de alrededor de 300.000 b/d de petróleo a Centroamérica, Cuba, el Caribe y Suramérica, con un retorno negativo para el país, en detrimento del patrimonio de los venezolanos. Adicionalmente, el gobierno hipoteca a la nación con ventas de petróleo a futuro a China, con descuentos, a cambio de una línea de crédito concedida por ese país, que hace parte de otra operación oculta bajo el manto de los secretos del régimen. Así mismo, instituciones como el CIED e INTEVEP han sido desmanteladas o minimizadas, mientras la ideologización marxista campea en la organización, en aras de lo que el gobierno denomina con gran dosis de cinismo: “el petróleo al servicio del pueblo”.
Recientemente, el gobierno hizo cambios en la Junta Directiva de PDVSA y en sus cuadros gerenciales, en respuesta a las innumerables denuncias de corrupción dentro de la empresa, e incorporó a la Junta a dos figuras claves del régimen, desconocedores del negocio petrolero: los Ministros Nicolás Maduro y Jorge Giordani, hecho suficiente para que los bonos de PDVSA en el mercado internacional cayeran de precio. De otra parte, hoy 29 de mayo de 2011 en que escribo esta nota, el gobierno convocó a sus seguidores a la “defensa de PDVSA”, por las sanciones impuestas a la empresa por el gobierno de Estados Unidos, dados los vínculos comerciales de ésta con Irán, en violación a la legislación estadounidense y a decisiones de la comunidad internacional contra el programa nuclear iraní. Como era de esperar, la medida, calificada por no pocos como inoportuna, ha servido de excusa al gobierno para desatar una ofensiva mediática de corte “antiimperialista”. Así, en la concentración realizada en la plaza O´Leary de Caracas, el “chamán” anti yanqui Rafael Ramírez proclamó que ”La soberanía es irrenunciable” y manifestó: “Los venezolanos han rechazado contundentemente las medidas imperiales. Es muy importante el apoyo de nuestro pueblo. Desde la semana pasada los obreros petroleros, los partidos, todo el pueblo se ha expresado en rechazo a estas agresiones”. Y agregó: “Daremos esta nueva batalla con mucha dignidad, valor y entereza; nosotros tenemos que valorar el alcance de estas sanciones, que fueron para paralizar la industria, pero siguen subestimando la revolución bolivariana”.
Desmedida pero hábil estrategia para tratar de cohesionar al país al lado del gobierno, aunque es sabido que las decisiones de la nación del norte no tendrán efecto sobre PDVSA, sino que representan una señal, dentro de la cadena de medidas adoptadas contra el gobierno venezolano por la profundización de los nexos con Irán. En efecto, las exportaciones petroleras venezolanas a los Estados Unidos no se afectarán, como lo han manifestado voceros de ambos gobiernos, con lo cual se evidencia una intención nacionalista que suma a la estrategia electorera del gobierno, en tanto que para Estados Unidos es una advertencia hacia Venezuela y otros países del mundo, pues no les resulta indiferente la cooperación con Irán, y los presuntos nexos con organizaciones terroristas, ante lo cual los Estados Unidos y la Unión Europa vienen reaccionando desde el año 2006.
En tal sentido, si bien luce contraproducente convertir al gobierno venezolano en víctima propicia de una supuesta “agresión imperialista”, es del caso reflexionar sobre si la postura del gobierno en el afianzamiento de los vínculos con Irán, o con organizaciones calificadas de terroristas como Hamas, Hezbollah y las FARC, no constituyen una provocación que lleva al país a innecesarios riesgos contrarios al interés nacional, en la medida en que ponen en riesgo las relaciones con el principal y único cliente que realmente paga la factura petrolera: los Estados Unidos de América. No hay que olvidar que la costa este de los Estados Unidos, a apenas tres o cuatro días de navegación de Venezuela es su mercado natural, mientras que si se quisiera desviar hacia China el millón de barriles diarios que se exportan a dicho país, el retorno sería muy inferior, pues los chinos saben hacer uso de su capacidad de compra para obtener mejores precios, porque adquieren el petróleo colocado en puertos como Singapur, y porque llegar a ese mercado implica 30 días de navegación, con el Canal de Panamá de por medio.
Sorprende por ello que voceros gubernamentales o algunos de la oposición hagan coro con quienes enarbolan banderas del anitimperialismo, cuando lo que hay que reclamar es una actitud responsable y seria del gobierno en el manejo de PDVSA, empresa energética de todos los venezolanos y joya de la corona nacional, así como una conducción más sensata de la política internacional, en especial las relaciones con las más abyectas dictaduras del mundo, auspiciantes del terrorismo internacional y amenazas para la paz mundial, para colocarse del lado de los verdaderos intereses de la nación, al margen de absurdas posturas ideológicas y fundamentalismos.
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Original publicado en : Desde la distancia - Pedro Carmona E.
Análisis y reflexiones sobre la realidad política y económica de Venezuela y de la región latinoamericana.
