22/9/11
Benjamín Sharifker, presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, ex rector de la Universidad Simón Bolívar-USB y ahora rector de la Universidad Metropolitana-UNIMET, quien “…integra el grupo de académicos que estudia el sistema electoral”, ofrece a Ingrid Orjuela y Edgar López en el diario EL NACIONAL (18SEP2011, pág. 4. NACIÓN) declaraciones que el medio titula: “Deben existir garantías de que no habrá vínculo entre las huellas y el voto”.
Discernir, cómo es que un académico laureado en tan elevada categoría compromete de forma irreversible su prestigio con activismo electoralista y, en este caso, con el contenido de sus declaraciones, no ha estado a mi alcance. Sus conclusiones, así como otros aspectos contenidos en el texto, sólo podrían corresponder con sus compromisos políticos y con otra pantomima electoral organizada por la MUD y el CNE para “elegir el candidato de la unidad”, y como miembro de la “Mesa de la Unidad Democrática” que representa sólo a los azules, para promover con los rojos el fraude político-administrativo-electoral.
Exigir la verdad en tiempos tan graves, de simulación de las libertades, de persecuciones, de invasiones a la propiedad y violaciones al hogar, de exilios, de secuestros, de asesinatos, de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, de ocupación extranjera y de la pérdida absoluta de la soberanía para vivir en la esclavitud, debería convertirse en obligación ciudadana, no por capricho, ni por intereses personales o de grupos, sino por los ideales universales del humanismo y la libertad. Eso pretende este “yo acuso”.
Dejemos constancia de que el debate sobre el tema electoral y “electoralista” ha sido clausurado por completo a partir del 4DIC2005. Los rojos y los azules, objetivamente las dos caras de la misma moneda político-administrativa-electoral, son los únicos autorizados para que sus opiniones y verdades ocupen los espacios en los medios de comunicación social. El resto, es decir, las mayorías nacionales que se han identificado con claridad por su coherente comportamiento público y por su muy crítica participación en las pantomimas electorales, votando o absteniéndose, perdieron todo derecho a la comunicación, información y opinión, a proclamar y defender sus verdades.
Pero, es que no se trata sólo de una diferencia de criterios, de opinión, o política, no. Se trata de que las opiniones azules y rojas, que insisten en mantener en el engaño a una porción de la sociedad civil, del colectivo, haciéndoles creer que existiría un sistema electoral capaz de dirimir las diferencias políticas, o condiciones para elegir a los administradores públicos. No existe intento de ejercicio democrático alguno, sino de la imposición totalitaria de este criterio, con el miedo, el terror, la censura y la autocensura exclusivas de rojos y azules, asociados y cómplices también con las consecuencias.
Desde 1999 hasta 2010, habrían sido asesinados más de 150 mil personas. De menos de 2.900 asesinatos en 1998, cifra escandalosa, pasamos a más de 19 mil en 2010. Esa “molienda” de cuerpos y de espíritus engrosó sus listas con demócratas, con amantes de la libertad. En consecuencia, es algo mucho más grave que una blasfemia en el siglo XV y XVI afirmar como lo hacen azules y rojos, que los asesinos “no saben a qué bando pertenece la víctima”. Es el mundo exclusivo de los rojos y los azules.
Más del 90% de los casos no llega a la audiencia en los tribunales penales. Más del 6% de los indiciados serían uniformados policías o militares. Las oficinas de información de la policía “científica” fueron cerradas en 1999. Es decir: ¡impunidad total!
En el mismo diario, 3 páginas más adelante, nos encontramos con otra expresión exclusiva de los azules, un manifiesto del “MOVIMIENTO 2D. Democracia y Libertad”, suscrito, entre otros, por Diego Sharifker, ex presidente de la FCU-UCV y miembro activo electoralista.
Este movimiento iza las banderas electoralistas del CNE y de la mesa de turno, la MUD, inspirada en otro de los escándalos éticos y científicos del siglo XXI venezolano: la proclamación acordada el 2DIC2007, entre rojos y azules, en secreto y de espaldas al colectivo, de un triunfo de los azules en el “Referéndum Constitucional”, con el “margen irreversible del 1%”, suspendiendo el escrutinio de un supuesto total de 8.8 millones de votos cuando faltaban por escrutar 1 millón ochocientos mil.
La desesperación de rojos y azules por el desprecio general de la nación por su Sistema Electoral y político debía ser revertida con urgencia. El 4DIC2005 no habría votado sino un 10%, aunque el CNE inventaría un 25%, a pesar de las amenazas, del miedo y del terror sobre los millones de empleados públicos y los beneficiarios de múltiples programas de asistencia financiera o de contratos con las administraciones públicas. Se necesitaba de un triunfo azul para generar la celebración de los que se denominan “demócratas”, pero que se asocian con los que denominan “comunistas”, los rojos, para censurar y marginar hasta la opinión y la comunicación de todo lo que no sea azul.
Los antecedentes familiares, personales y profesionales de Benjamin y Diego, a quienes he conocido y considero ciudadanos ejemplares, a quienes creía respetuosos de las opiniones de los demás, me obligan con más razón a dejar expresa constancia de esta condición.
La gran influencia que ambos ejercen en los círculos académicos y profesionales, en la opinión pública de la nación, con independencia de sus buenas intenciones, que no colocaremos en duda, a pesar de que en materia administrativa-político-electoral demuestran con sus acciones y opiniones, que lo harían sin el conocimiento del tema, debe ser denunciada con firmeza, para invitarlos a la revisión de sus hipótesis y al debate público, que azules, rojos, Diego y Benjamín censuran y no permiten.
Ambos contribuirían a entronizar el régimen del crimen organizado transnacional que ocupa militarmente el territorio. Sus buenas intenciones no bastarán para exonerarlos de las responsabilidades derivadas de la manipulación de la opinión pública nacional e internacional, ni de las consecuencias de la ocupación: las documentadas violaciones sistemáticas de los derechos humanos elevadas al nivel de crímenes contra la humanidad.
