El punto de partida bien puede ser el principio de legalidad, formulado así: Que el gobierno acomode su voluntad a la Ley no que acomode la ley a su voluntad. Uno, es el principio del Estado de Derecho; el otro, el principio del despotismo.
El punto siguiente se refiere al régimen representativo: La única ley que puede obedecerse sin perder la libertad es aquella que el ciudadano se da a sí mismo. No puede ser impuesta. El consentimiento (del obligado) es un principio constitutivo de Derecho y los vicios de consentimiento son causa de nulidad.
Por último, no se puede consentir una ley insensata, injusta, que vaya contra los intereses o que perjudique al ciudadano que debe cumplirla. Nadie puede ser obligado a actuar contra sí mismo ni contra los dictados de su conciencia.
Todos estos son principios universales, harto discutidos, pero generalmente aceptados a cuya luz debe examinarse la más reciente legislación que se está produciendo en Venezuela, para poner un ejemplo, la novísima Ley Orgánica de Educación, aunque cualquier otra podría servir para hacer el ejercicio.
Se podría tomar cualquier punto al azar, como, por ejemplo, los “fines de la educación”: desde la valoración del “trabajo liberador”, el fortalecimiento del “Poder Popular”, pasando por “la reconstrucción del espíritu público en los nuevos republicanos con profunda conciencia del deber social”, hasta alcanzar “la suprema felicidad social” (15,9).
Pero “la suprema felicidad social” era la ideología del Despotismo Ilustrado, que justificaba al Estado Absoluto y que sirvió de fundamento al también llamado Estado Policía, incluso, al régimen soviético, por no insistir una vez más en el cubano “Mar de la Felicidad”.
Es una concepción paternalista que considera a los súbditos como eternos menores de edad, que requieren de un padre que los guíe, los reprenda y discipline y éste no puede ser otro que el monarca absoluto, que sí sabe lo que le conviene a cada quien mejor que él mismo.
También ha sido el tema recurrente de novelas que describen fantasías totalitarias, desde “1984” de George Orwell hasta “Un mundo feliz” de Aldous Huxley, por lo que resulta increíble que se haya insistido en mantener una expresión como ésta en el texto de una ley de educación, pese a las críticas que muy oportunamente se le hicieron. La razón tiene que ser que realmente creen en el gobierno absoluto.
Afortunadamente, ya desde mediados del siglo XVIII, Kant estableció que el fin del Estado no puede ser la felicidad de los ciudadanos sino la máxima coincidencia de la constitución con los principios del derecho que, como todo el mundo sabe, son la libertad y la igualdad, en abierta oposición al Estado de la Ilustración que, “sobre la base del principio de la felicidad, implica despotismo”.
SOVIET. Su traducción literal del idioma ruso al español es “consejo”, así que bien se puede encontrar en la literatura una palabra por otra en expresiones como “consejo de obreros, campesinos y soldados” o bien “soviet municipal” o “Soviet Supremo”.
No es para nada raro que este régimen haya demostrado tan alta inclinación a bautizar con la palabra “consejo” las llamadas organizaciones populares, como los consejos comunales y ahora en la nueva Ley Orgánica de Educación, los “consejos estudiantiles” y un “consejo contralor”, estos últimos francamente violatorios de la autonomía universitaria.
Más importante que lo que crea es lo que deja fuera: Los centros de estudiantes, la Federación de Centros Universitarios (FCU) y la Unidad de Auditoría Interna; unos, representantes electos; el otro, un auditor nombrado mediante concurso.
La autonomía universitaria se restringe a actividades intelectuales, teórico prácticas y de investigación, ignorando que es sobre todo auto gobierno; auto legislación, esto es, la potestad de crear sus propias normas; autonomía financiera, administrativa y del campus universitario, de manera de no ser objeto de allanamientos.
La autonomía se cercena cuando la universidad no puede fijar sus prioridades, ni disponer de sus propios recursos, sino que sus programas se subordinan a lo que disponga el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación que, como se sabe, pretende construir el socialismo del siglo XXI.
Se establece un sistema de elección de las autoridades especialísimo, sólo aplicable a las universidades autónomas y que no existe en ninguna otra institución pública, educativa o de cualquier otro tipo, cuya finalidad evidente es hacerla ingobernable; con el agravante de establecer un “mandato revocable”, con claro sesgo político, pero que no permite percibir ni de lejos qué carácter académico pueda tener.
El régimen de ingreso y permanencia, tanto de estudiantes como de docentes, que es parte substancial de la autonomía, se remite a una legislación posterior que, a juzgar por los criterios con que se redactó la ley marco, no permite abrigar la menor esperanza para la universidad autónoma.
Lo que sí puede vislumbrarse para el futuro es el imperio de los “Comisarios del Pueblo” o “Comisarios Políticos del Partido”.
ABROGATORIO. La llamada Mesa Unitaria (MU) no podía concebir una salida más desalentadora que la propuesta de un referéndum para abrogar la citada ley orgánica de educación, aunque es de suponer que un mecanismo semejante debería servir también para la Ley de Tierras, la de Procesos Electorales y las otras 26 leyes, ya olvidadas, de la habilitante.
Y esta primera observación ya pone de relieve lo absurdo de la propuesta: se trata de hacer un esfuerzo ciclópeo para derogar una sola ley, mientras la Asamblea Nacional las aprueba como si fuera una fábrica de churros.
Salir a recoger firmas como si nunca hubiera ocurrido lo de las firmas planas, como si no existiera todavía la Lista Tascón, además de pasar por las Horcas Caudinas del CNE, para que, si les da la gana de hacerlo con base en algún cálculo político del régimen, terminen dando el resultado que les parezca, sin posibilidad de verificación.
Pero además está demostrado hasta la saciedad que este régimen no cree en elecciones, con sólo considerar lo que pasó con “la victoria de mierda” del 2D, que se tradujo en las 26 leyes de la habilitante. Es clarísimo que en el supuesto negado de llegar a “perder” un referéndum de este tipo, al día siguiente pueden lanzar otra ley orgánica de educación diez veces peor que la abrogada, con el anuncio en cadena nacional de: ¡Ahí les va esa, pa’ que la vuelvan a abrogar!
Pero la última consideración es la más importante: resulta incomprensible e imposible de justificar que una vez que se ha denunciado una ley como inconstitucional, ilegal por contraria a toda racionalidad, inmoral, que incluso llega a proponer “sacar a Dios de las aulas”, con el añadido en la plenaria de la Asamblea Nacional que hay que sacarlo pero “a patadas”, luego, sin embargo, se dice que hay que preguntarle al pueblo si le gusta la ley o no.
Por supuesto que si la gente dice que sí, entonces, todo lo anterior queda sin efecto. ¿Puede caber algo así en la mente de una persona normal? Es otra vez necesario repetir, como se ha dicho insistentemente desde antes del 2D, que cuando se trata de valores no vale hacer votaciones, así como no se hacen para cuestiones de conocimiento científico o de creencias religiosas. Estas cosas no se pueden votar porque no son objetos de opinión, son indecidibles.
Por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con la felicidad de las personas son íntimas estrictamente, cada quien concibe lo que le haga feliz y buscará a su manera, sin que nadie pueda imponerle nada en esta materia, tanto menos el Estado, que sólo puede actuar en la reglamentación exterior de la conducta. “La suprema felicidad social” no sólo no existe ni puede existir, si no que con esta figura retórica inasible e indefinible se abordan asuntos que no pueden ser objeto de ley alguna ni menos ponerse como finalidad de la educación que, como el conocimiento, no es para hacer feliz a nadie.
Esta sola manifestación pone de relieve la profunda ignorancia de los redactores de la ley orgánica de educación o, caso contrario, pone de relieve su inocultable vocación totalitaria.
GUERRA. Los vientos de guerra no tienen como objeto un conflicto exterior, como se hace creer, sino la necesidad de “apretar las tuercas” internamente. Es un viejo truco que ha utilizado Fidel Castro a lo largo de medio siglo: su guerra mítica con EEUU le ha servido para convertir a cualquier ciudadano que se oponga a su tiranía en un agente del enemigo y traidor a la patria.
El anuncio hecho público sobre la asistencia norteamericana a bases militares colombianas cumple con un principio tan antiguo como el derecho de gentes: que la publicidad es una garantía de la bondad de la acción, si resiste al escrutinio del público.
Caso contrario es la conducta de Cuba respecto a Venezuela, que no revela a cuánto asciende su personal militar y policial en el país, que desde hace años rebasa los 50.000 efectivos, según los cálculos más modestos. Tampoco se conocen los emplazamientos de las bases de Hezbolá en la Sierra de Perijá y en Margarita, ni los campamentos de las FARC en la frontera.
El secreto de estas actividades es la medida de su malevolencia: no resistirían el menor escrutinio público. Sin embargo, en la reciente reunión de UNASUR el comandante amenazó con que si Colombia hacía en Venezuela lo mismo que hizo en Ecuador, “la respuesta será militar”.
Pero para que Colombia haga en Venezuela lo mismo que hizo en Ecuador, Venezuela tendría que hacer lo mismo que éste estaba haciendo, o sea, cobijar campamentos de las FARC en su territorio. Parece bastante obvio, de manera que la declaración es una confesión pública inapelable. Sin embargo, gentes experimentadas como Lula Da Silva o Michelle Bachelet no se dan cuenta de nada y parecen consentir sin el menor reparo.
La razón de tanta alcahuetería es que el socialismo es un movimiento internacional que fija sus fines estratégicos por encima de límites nacionales con un realismo cínico, prescindiendo de toda consideración legal, moral, sentimental o de otro tipo.
Este neorrealismo tiene el mismo defecto que el clásico y por el mismo motivo fracasará, puesto que la moral y los sentimientos humanos también forman parte de la realidad, por lo que el realismo político resulta auto contradictorio.
No existe ninguna razón histórica ni natural que haga necesario que Venezuela se alíe con Cuba para combatir a EEUU, ni con Irán para destruir a Israel o con Rusia para enfrentar a Gran Bretaña; estas son decisiones de un comité de conspiradores.
Todas son peleas perdidas de antemano. Es responsabilidad institucional que el fracaso de cincuenta conjurados no sea el ocaso de Venezuela.

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