El principal desafío que plantea el proceso penal venezolano actual, en particular, lo que concierne a la judicialización de la persecución política, es que los indiciados no saben de qué se les acusa. En Venezuela cualquiera puede ser detenido con el pretexto más rocambolesco y luego imponerle la carga de adivinar cuáles sean las verdaderas razones de la detención, porque resulta evidente que no son las que el régimen les impute. Igual puede ser liberado, siempre en virtud de un cálculo político.
La consecuencia inmediata es la indefensión, porque nadie puede contestar apropiadamente si no conoce la acusación, ni cuáles puedan ser sus fundamentos para poder desvirtuarlos; pero lo peor es encontrarse luchando contra molinos de viento, contestando acusaciones postizas que a veces ni siquiera revisten carácter penal.
Un caso emblemático, no sólo por ser el más reciente, sino por la temeridad que implica para poner a prueba este modus operandi, es el de Oswaldo Álvarez Paz. Se le acusa de “conspiración”, pero la base de la acusación es su participación en un programa de televisión. ¿Qué conspiración puede ser esa que se realiza ante unas cámaras, a la vista del público?
Pero además, es el único detenido e indiciado, siendo que la configuración del delito exige el concurso de varias personas; pero el gobierno ni siquiera se ha preocupado en insinuar que haya otros implicados, ni necesita hacerlo y la Fiscalía tampoco requiere a nadie más. Es una conspiración de una sola persona.
Pero si de algo puede ser acusado OAP es de ser conservador, alguien que nunca en su larga vida política ha pretendido “cambiar la forma republicana” de la nación, todo lo contrario, lucha por conservarla. En cambio los comunistas cubanos y sus agentes criollos sí se han pasado la vida conspirando para destruir la forma republicana que se ha dado la nación, para imponer un régimen castro-comunista, totalitario, militarista y policial, como el de Cuba.
Las otras supuestas acusaciones no son nada mejores: difundir información falsa, siendo que hacía comentarios sobre asuntos del dominio público y que toda la prensa comenta, incluso en términos más duros y directos que OAP; pero también públicas estricto sensu, porque cursan por ante tribunales españoles.
Por último, causar una situación de pánico y zozobra en la población, sin que se pueda mostrar una sola persona en ese estado por causa de sus declaraciones, aunque sí por causa de su detención.
Esas no son razones que justifican la detención de OAP, ni existe ningún caso penal, ni nada que pueda resolverse jurídicamente. El problema es enteramente político, por lo que, a falta de explicaciones, la ciudadanía se ve obligada a especular sobre cuáles puedan ser las verdaderas razones de su detención y que significación pueda tener en el terreno político.
Un rasgo pintoresco es que los corifeos gubernamentales declaran a todos los medios nacionales e internacionales que OAP habría incurrido en “vilipendio” y que no es posible que alguien aparezca vinculando al comandante en jefe con la guerrilla y el narcotráfico impunemente. Pero no hay ni un periodista que riposte que esa no es la acusación que cursa la Fiscalía, que además requeriría instancia de la parte supuestamente agraviada, lo cual no ha ocurrido, ni ocurrirá.
¿Cómo es posible que se intenten acciones judiciales en un sentido y a la vez se orqueste la propaganda en otro completamente diferente? Probablemente porque se piensa que este último argumento es más digerible hacia “las masas”, que al fin y al cabo, no entienden mucho de los intríngulis judiciales.
Pero también da pié para pensar qué es lo que se discute internamente y cuáles pueden ser las justificaciones oficiales para la medida, ya no de cara a las masas sino hacia “el partido”, que es otra cosa y que nos conduce a quienes sean los artífices de la estrategia política.
INDICIOS. El ejército cubano de ocupación, sus servicios de inteligencia y el G2 no se comportan en Venezuela de manera distinta a como lo hacen en Cuba. Su sello profesional es el mismo: el secretismo, característico de toda la burocracia comunista y la irresponsabilidad ante el público, puesto que no están obligados a rendir cuentas de sus acciones a nadie, salvo a su línea de mando, que conduce en última instancia a la familia Castro.
Esta conducta es perfectamente consistente con la situación interna de su país, en vista de que los cubanos no tienen derechos, no pueden reclamar nada y carecen de mecanismos para intentar acciones contra ese Estado patrimonial. Pero todavía causa problemas afuera, mientras exista la ilusión de poseer medios de defensa contra los abusos oficiales, la que irá desapareciendo en la medida en que sea abolida la república y sea sustituida por un estado absolutista.
Debe recordarse la arrogancia de Castro ante sus secuaces del ALBA corrigiéndoles que no había que decir cuántos barriles de petróleo recibía Cuba, sino que bastaba decir que recibía “lo suficiente”, sin detalles, como si aquello fuera dar información relevante al enemigo.
Lo que no les pasa por la cabeza a estos dictadores es la obligación de rendir cuentas al público, porque no manejan un patrimonio personal; el que otros países se enteren es una consecuencia del mismo concepto de “políticas públicas”. Pero lo que no pueden hacer es, con el pretexto de que otros no se enteren, no informar a sus propios ciudadanos, que pasan a ser súbditos ignorantes de lo que hacen en su propio país y de cómo se invierten sus recursos.
Asimismo en Venezuela la administración se hace cada vez más hermética, los funcionarios no se sienten obligados a rendir cuenta a nadie de su gestión y al contrario, algunos han sido destituidos de sus cargos por la única causal de dar declaraciones a medios de comunicación social.
El principio de que la publicidad es la regla y la confidencialidad la excepción ha sido sustituido por su contrario, el secreto es la regla, ningún funcionario está autorizado para informar nada respecto del servicio que presta, incluso, el vector de servicio ya no apunta al administrado sino al jerarca, no le sirven a un contribuyente en principio libre e igual, sino al comandante en jefe.
¿Con base en qué ley Ramiro Valdez se presentó en Venezuela calzando uniforme, rango militar, voz de mando y conservando su cargo de vicepresidente del consejo de ministros?
De acuerdo con la Constitución, para ser ministro se requiere ser venezolano por nacimiento; pero este señor comanda, interviene en la administración de servicios públicos al lado de Alí Rodríguez Araque, sin cualidad alguna para hacerlo. Y esta relación no es nueva. Se remonta a los años sesenta, cuando éste era guerrillero y aquel coordinaba la invasión de Venezuela por Machurucuto.
Hoy se levanta un monumento en esa playa en homenaje a aquellos cubanos (con lo que los militares venezolanos que los combatieron quedan en ridículo) pero lo más importante es notar que los invasores cubanos resultaron victoriosos. Ramiro Valdez comanda una fuerza armada desplegada y tiene autoridad territorial, es decir, que ejerce soberanía.
Es un principio de Derecho Internacional Público que la ocupación se configura con los actos de gobierno de la fuerza ocupante: la administración de los servicios y el mantenimiento del orden públicos. Es irrelevante un acto de capitulación formal de las FFAA del país ocupado porque se entiende, en la llamada ocupación pacífica, que existe un tácito consentimiento.
Precisamente, han sido ciudadanos de origen cubano, Otto Reich y Carlos Alberto Montaner, quienes advierten desde el exterior que OAP es un preso de las fuerzas cubanas de ocupación, prisionero sui generis de una guerra de cuarta generación.
Desde este punto de vista, lo único que se puede hacer políticamente en Venezuela es levantarse contra la ocupación cubana.
PRUEBAS. La Audiencia Nacional de España se las verá difícil para constatar los presuntos nexos de las FARC, la ETA y el régimen venezolano. Por ejemplo, que la viceministra de tierras, adjunta del hoy vicepresidente de la República, es cónyuge de un etarra en proceso ante ese honorable tribunal; así como dar con expedientes de solicitudes de extradición de etarras rechazadas por el TSJ.
Con algo de fervor histórico, buscarían los periódicos “Punto en Domingo”, de mediados de los setenta, en que publicaban enjundiosos artículos muy ilustrativos sobre la causa de ETA. Esta era la edición dominical del periódico Punto, órgano del Movimiento Al Socialismo (MAS), dirigido por Eleazar Díaz Rangel, hoy director de Ultimas Noticias y vocero periodístico más connotado de la dictadura.
La historia de ETA en Venezuela es larga, pulula en lugares tan clandestinos como las tascas de la Plaza Candelaria, que exhiben la Ikurriña y las opiniones políticas de dueños y parroquianos se gritan a voz en cuello, como corresponde a todo vasco que se aprecie.
Podrían ver en la Televisión Española, como hemos visto nosotros con sorpresa, a viejecitas lamentándose de que los asesinos de sus esposos, hijos, nietos, según el caso “están dándose la gran vida en Venezuela”. ¡La Televisión Española es un órgano del gobierno de España!
Más difícil es dar con rastros de las FARC, por ejemplo, para encontrar el busto en honor de Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, develado en la parroquia 23 de enero, la más populosa de Caracas. Constatar en la prensa la participación del entonces alcalde de Caracas, Freddy Bernal, en aquel acto solemne. Se puede acompañar una de esas romerías que hace el Partido Comunista para llevarle ofrendas en las efemérides; o bien asistir a los mítines del PUSV y ver las franelas estampadas con la cara de Raúl Reyes que ostentan los asistentes.
Enterarse de que Rodrigo Granda, el canciller de las FARC, fue capturado aquí, siendo vecino del mayor Francisco Ameliach, para entonces presidente de la asamblea nacional. No es raro que esposa, hija, chofer y escolta desaparecieran como por arte de magia, sin explicaciones. No, lo raro es que el oficial de la Guardia Nacional que lo capturo fue procesado por “traición a la patria” y todavía está preso, mientras que Granda se pasea por el mundo con su cargo de canciller.
Es demasiado arduo hacer una relación de todos los comandantes de las FARC que viven en Venezuela y son habitué del palacio, e innecesario, porque salen en las fotos de sociales, baste un solo dato adicional.
En conferencias internacionales ante testigos de excepción como Lula Da Silva, Michelle Bachellet, Cristina Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega y consortes, el comandante en jefe ha declarado que si Colombia hiciera en Venezuela lo que hizo en Ecuador, les manda unos Sukhoi, en fin, habrá guerra.
Que Colombia haga en Venezuela lo que hizo en Ecuador es posible, sí y sólo sí, aquí hubiera campamentos como aquél de Raúl Reyes.
El socialismo quiere imponer su verdad ficticia; para quien no la crea, la cárcel o el manicomio.

Luis Marín
11-04-10

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