Dice el régimen que el etarra Arturo Cubillas no puede ser procesado con base en declaraciones provenientes de unos “terroristas sanguinarios, sin ninguna autoridad ética, carentes de toda credibilidad”; en cambio, Alejandro Peña Esclusa lleva meses en prisión acusado por las supuestas declaraciones de Francisco Chávez Abarca, cuya única credencial es ser un terrorista sanguinario, sin ninguna autoridad ética y carente de toda credibilidad.
Por supuesto, hay diferencias: Aquellos son dos ciudadanos españoles, vascos para más señas, militantes convictos y confesos de ETA, que rinden ante un juez español, de cuerpo presente, declaraciones concordantes y luego quedan allí, a disposición de la justicia, a la vista y escrutinio del público.
Éste es uno solo y mientras que dos testigos hacen plena prueba, está escrito que “por la declaración de un solo testigo nadie podrá ser condenado”; su declaración es apócrifa, rendida con pasaporte falso e identidad supuesta, ante un funcionario incompetente, luego se sumergió en Cuba y no puede ratificar lo dicho en el tribunal, ni ser repreguntado, por lo que sus dichos carecen de todo efecto legal.
Pero lo más grave es que estos hechos son de dominio público y notorio, sin embargo, Cubillas sigue mandando y Alejandro sigue preso, sin que pase nada, ni un solo funcionario de la Fiscalía, ni un solo juez, ni siquiera un Colegio de Abogados, ONG, Amnesty International, HRW, OEA, ONU, nadie hace nada.
Y esto se ha vuelto costumbre, al punto que puede considerarse como el logro más alto de la revolución en materia jurídica el establecimiento del principio de “Desigualdad ante la Ley”.
Recordemos el caso de Puente Llaguno, en que los famosos pistoleros que fueron vistos, retratados y filmados disparando a mansalva contra población civil indefensa no solo fueron absueltos de todo cargo criminal, sino declarados como héroes de la revolución y siguen gozando de remuneraciones y cargos públicos.
Mientras que los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y los seis policías metropolitanos fueron condenados hasta a 30 años de prisión, la pena máxima admitida por la legislación penal venezolana, por el ejercicio de las funciones inherentes a los cargos que desempeñaban, perfectamente legales y sin que se les demostrara transgresión alguna.
Algo semejante puede decirse del caso de la juez María Lourdes Afiuni, que se encuentra en prisión por haber dictado una medida que se encuentra entre las atribuciones legales del cargo que desempeña, y que en el supuesto negado de que hubiera sido dictada irregularmente, lo que no se ha demostrado, a lo sumo daría lugar a la instrucción de un expediente administrativo y a la aplicación de una medida disciplinaria; pero nunca jamás a la apertura de un proceso judicial, por hechos que evidentemente ni siquiera revisten carácter penal.
Y aquí llegamos al quid de la cuestión: la flagrancia con que se perpetran las injusticias son un claro mensaje político contra la población. Nadie está seguro de nada, ha desaparecido el amparo de la Ley, no hay garantía para los derechos humanos y ciudadanos. Los comunistas ni siquiera se sienten vinculados por la coherencia de su propio discurso que sirve para unos sí, pero para otros, no. La Ley no es la misma para todos.
Los derechos naturales del hombre se desconocen explícitamente: la libertad, la propiedad, la igualdad, ante lo que sólo queda “la resistencia a la opresión”.
SOCIEDAD PARA EL CRIMEN
Si Cubillas quisiera aclarar su situación y, como dice, no tiene nada que temer, debería presentarse ante el juez español, que es quien lo requiere, no de esta manera teatral ante la Fiscalía de Venezuela, que no lo está buscando y donde no se le acusa de nada, al contrario, como los de Puente Llaguno, él es un héroe de la revolución.
Su esposa, Goiz Eder, es algo así como la mano derecha de Elías Jaua, desde que era Ministro de Tierras y lo sigue siendo ahora, como Vicepresidente. Todos ensañándose en la expoliación de empresarios de origen español con la fruición propia del espíritu de venganza, como no pueden hacerlo en sus tierras de origen.
Da declaraciones ante Ciudad CCS, un diario oficialista que ni siquiera se vende en las calles sino que se regala, porque está completamente financiado con dinero público y ¡que declaraciones! El retrato cabal de un fanático: jamás dice España o país vasco, sino Euskal Herria.
Además le recomienda a la organización de víctimas del terrorismo que busquen a los culpables del asesinato de sus familiares en el gobierno de Aznar, responsable de la intervención de España en la guerra de Irak, que fue la justificación del atentado de Atocha del 11 de marzo de 2004.
Extraña alusión a un evento que le concedió la presidencia a Rodríguez Zapatero, en un momento en que nadie le apostaba una peseta como ganador. Lo cierto es que la Izquierda Unida y el PSOE sabían con inexplicable certeza que el atentado no lo habría perpetrado ETA sino una supuesta conexión islámica, por lo que pudieron acusar plausiblemente al gobierno de Aznar de mentir deliberadamente.
Pero, ¿cómo podían estar tan seguros los de la IU y el PSOE de la inocencia de ETA, si nunca antes ni nunca después ocurrieron atentados islámicos en España?
El dato duro e incontrovertible es que después de 6 años de gobierno socialista, con reelección incluida, no se pudo nunca encontrar la supuesta conexión islámica. Todos los detenidos de apellido extraño han sido absueltos y el mayor atentado jamás perpetrado en Europa sigue sin solución, sus autores materiales e intelectuales impunes y las víctimas sin satisfacción.
Pero el único problema para la IU, el PSOE y la ETA es que haya surgido ésta molesta asociación de víctimas del terrorismo, que no deja que el asunto se olvide por completo. Que la gente repase las inconsistencias, como ese anzuelo de que la pista reina fuera una mochila con un celular y un ejemplar del Corán, lo que se llama una “bomba caza bobos”.
Usted puede pasarse la vida elucubrando porqué un terrorista islámico iba a meter un Corán en una mochila junto con la bomba que va a detonar, sin preguntarse si no será un pecado volar su libro sagrado; aunque tendrá que convenir que es una buena manera de dejar una pista, no para Sherlock Holmes, sino para Zapatero.
Asimismo, que la tarjeta del celular lo conduzca al quiosco de un marroquí para arrestarlo bajo el cargo tan grave de vender tarjetas telefónicas; y así, hasta el absurdo. Lo que pone de relieve una fantástica operación de encubrimiento de la que no pueden librarse estos partidos y que involucra al propio gobierno socialista.
Otro hecho abrumador es la indolencia, la desidia demostrada por el gobierno de España ante las tiranías de Cuba y Venezuela. Moratinos hizo maña para derrotar cruelmente la protesta que con tanto sacrificio levantaba el disidente Guillermo Fariñas, reivindicando la tiranía de los hermanos Castro.
Ahora, según el Ministro del Interior de España, probablemente Venezuela es un lugar de encuentro de terroristas de todo el mundo, hasta es posible que se adiestren y apertrechen aquí; pero no puede “ni pensarse” que esto ocurra con el conocimiento del gobierno de este país.
Pero ocurre que es el embajador de Venezuela en España quien tercia a favor de Cubillas, desestima las declaraciones de los etarras y acusa a su ministerio, el de Pérez Rubalcaba, de arrancar declaraciones bajo tortura.
Otra sorpresa es que aparece el cónsul de Venezuela en Islas Canarias y antes en Vigo, David Nieves, declarando que su caso no puede compararse con el de los parlamentarios presos en Venezuela porque él no fue procesado por delitos semejantes. ¿Y cuál fue el delito de David Nieves?
Digamos que es un guerrillero involucrado en el secuestro del empresario americano William Frank Niehous, gerente de la Owen Illinois, que resultó ser el más largo de toda la historia criminal de Venezuela.
El hoy flamante cónsul en España es dirigente de la Liga Socialista, el partido de quien fuera padre del alcalde, vicepresidente, presidente del Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, que tenía su brazo armado, la Organización de Revolucionarios, que planeó y ejecutó el secuestro de Niehous; pero claro, no puede “ni pensarse” que el gobierno sepa quiénes son sus funcionarios.
El argumento más recurrente que se utiliza para explicar esta conducta tan bizarra del gobierno de España son unos supuestos intereses económicos de empresas españolas en Venezuela, que pesarían más que la dignidad del Reino.
Pero esto es otra falsedad de los fabricantes de opinión socialistas, que nunca, ni allá ni aquí, se han movido por intereses comerciales. La verdad está en los vínculos subterráneos de la izquierda mundial. En los magistrados y catedráticos españoles que asesoran y apoyan bajo cuerda a estos regímenes impresentables, mientras detentan altos cargos en la magistratura y la academia española.
Estos señores ven al mundo con la óptica del antifranquismo, de manera que cualquiera que se presente como socialista o comunista, aunque apeste, lo perciben como un aliado circunstancial en su lucha universal contra “el fascismo”.
A estos magistrados y académicos españoles les sorprendería saber que en Venezuela no existe el fascismo y que el dictador los está engañando; pero esto sería nadar contra los prejuicios ideológicos, lo que, como se sabe, es inútil.
Ahora ocurre que Cubillas dicta cursos él solo, para dos alumnos únicamente, para no ver una vasta red operativa mundial. Hace desplantes en la Fiscalía ante la que no tiene nada que temer, al contrario de cualquier venezolano decente, lo que demuestra su inmenso poder.
El régimen dice que no va a deportarlo porque tiene la nacionalidad venezolana, recién adquirida, pero nacionalidad al fin; con lo que parece insinuar que quiere hacerlo pero no puede, porque lo impide esa barrera que es la Constitución.
Ahora bien, los españoles pueden naturalizarse en países iberoamericanos sin perder su nacionalidad de origen, por lo que Cubillas sigue siendo ciudadano español, sometido a las leyes y autoridades españolas y tiene o puede tener pasaporte europeo.
Además, es sabido que cuando una nacionalidad se adquiere con la finalidad de evadir la persecución legal del Estado de origen, puede ser revocada por fraude al derecho internacional privado.
El principio es que la nacionalidad derivada cede ante la nacionalidad originaria, tanto más cuando nunca se la ha perdido.
No obstante, la audiencia española declara que sería “complicadísimo” conseguir la extradición de Venezuela. Tan complicado como que a Cubillas le diera la gana coger un avión y aterrizar en el aeropuerto de Barajas.
¿Por qué este sainete burlesco del que sólo salió el payaso Moratinos, por grotesco y no resultar divertido para la Comunidad Europea; pero los demás siguen haciendo piruetas, aparentando lo que no son?
Quizás el fin de la obra sea un rotundo: “Zapatero, a tus zapatos” y que gobierne quien sepa.
Luis Marín
24-10-10
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